Después de tres horas de lectura de resolución, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, dictó prisión preventiva por 18 meses para el vacado expresidente Pedro Castillo Terrones por el golpe de Estado que dio en su último mensaje a la Nación como mandatario el pasado 7 de diciembre.
El magistrado precisó que la prisión preventiva se computará hasta el 6 de junio de 2024. Además, notificó su decisión al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el “traslado e internamiento” del investigado.
Asimismo, Checkley impuso comparecencia restringida con reglas de conducta para Aníbal Torres en su condición de exasesor de la Presidencia de Consejo de Ministros. En su caso, pesó su delicado estado de salud acreditado por exámenes médicos presentados por su defensa legal.
Entre las reglas de conducta para Torres están no ausentarse del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización judicial; presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea requerido; no comunicarse con sus coimputados y testigos del caso, así como cancelar 20 mil soles como caución en los próximos tres días hábiles.
En el caso del ex primer ministro, el juez dispuso que no se ausente del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización del PJ.
Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ambos por los delitos de rebelión y/o conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero el magistrado solo declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y aceptó la prisión para Castillo Terrones.
El exmandatario venía cumpliendo su detención preliminar en la sede policial de la Dirección Nacional de Operaciones (Dinoes) desde el 7 de diciembre.
Sin embargo, se espera que la Junta Técnica de Clasificación del INPE defina en qué centro penitenciario deberá cumplir su prisión preventiva.
“Toda persona privada de su libertad ingresa al sistema y es clasificada por una junta, esta junta dirá qué penal le corresponde, cuando decidan ellos, emitiremos un comunicado para que la población tome conocimiento”, dijo en la víspera el jefe del INPE, Federico Llaque.
Ayer, tras la lectura de la resolución, la defensa legal de Pedro Castillo, asumida por el abogado Italo Díaz, apeló la resolución judicial y será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que revise dicho en los próximos días en audiencia pública.
De igual manera, el tribunal supremo analizará la apelación presentada por la Fiscalía para insistir en la prisión preventiva contra Aníbal Torres Vásquez.
Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ambos por los delitos de rebelión y/o conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero el magistrado solo declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y aceptó la prisión para Castillo Terrones.
El exmandatario venía cumpliendo su detención preliminar en la sede policial de la Dirección Nacional de Operaciones (Dinoes) desde el 7 de diciembre.
Sin embargo, se espera que la Junta Técnica de Clasificación del INPE defina en qué centro penitenciario deberá cumplir su prisión preventiva.
“Toda persona privada de su libertad ingresa al sistema y es clasificada por una junta, esta junta dirá qué penal le corresponde, cuando decidan ellos, emitiremos un comunicado para que la población tome conocimiento”, dijo en la víspera el jefe del INPE, Federico Llaque.
Ayer, tras la lectura de la resolución, la defensa legal de Pedro Castillo, asumida por el abogado Italo Díaz, apeló la resolución judicial y será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que revise dicho en los próximos días en audiencia pública.
De igual manera, el tribunal supremo analizará la apelación presentada por la Fiscalía para insistir en la prisión preventiva contra Aníbal Torres Vásquez.